This study examines how insecure migration status affects migrant women’s vulnerability to gender-based violence (GBV) in Mexico. It explores how legal precarity shapes exposure to abuse during transit and how institutional responses influence women’s ability to seek help. The main objective is to analyze the relationship between insecure migration status and the forms of violence women face, and to assess whether non-state actors provide more consistent protection than state institutions.
The research adopts a qualitative empirical approach based on NGO reports, policy documents, and field evidence from organizations working with migrant populations, complemented by an exploratory online survey of twenty Mexican university women. These participants provide insight into public awareness of violence against migrant women and perceptions of institutional protection.

Findings from documentary sources indicate that women with insecure migration status face higher levels of sexual assault, coercion, exploitation, and psychological violence (Amnesty International, 2014). Many avoid reporting abuse or seeking care due to fear of detention, deportation, or retaliation, instead relying on informal networks and NGO-operated services (International Organization for Migration, 2024). Survey responses reflect these patterns: most participants believe undocumented migrant women are insufficiently protected and express greater trust in NGOs than in government institutions. The study concludes that legal insecurity is a key driver of vulnerability and argues that improving access to protection mechanisms, separating victim support from migration control, and strengthening gender-sensitive policies are essential to reducing GBV in this context.
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Esta investigación analiza cómo la inseguridad en la situación migratoria influye en la vulnerabilidad de las mujeres migrantes a la violencia de género (VG) en México. Examina de qué manera la precariedad jurídica incrementa la exposición a la violencia durante el tránsito y cómo las respuestas institucionales afectan la capacidad de las mujeres para solicitar ayuda. El objetivo principal es analizar el vínculo entre la inseguridad migratoria y las formas de violencia que enfrentan las mujeres, así como evaluar si los actores no estatales ofrecen una protección más constante que las instituciones estatales.
La investigación emplea un enfoque cualitativo basado en informes de organizaciones no gubernamentales (ONG), documentos de política pública y evidencia de campo de organizaciones que trabajan con poblaciones migrantes, complementado por una encuesta exploratoria en línea aplicada a veinte mujeres universitarias mexicanas. Las participantes aportan información sobre el nivel de conciencia social respecto a la violencia contra las mujeres migrantes y sobre las percepciones de protección institucional.

Los resultados documentales muestran que las mujeres con situación migratoria irregular enfrentan mayores niveles de agresión sexual, coerción, explotación y violencia psicológica (Amnesty International, 2014). Muchas evitan denunciar o buscar atención por temor a la detención, la deportación o represalias, y dependen de redes informales y de servicios ofrecidos por ONG (International Organization for Migration, 2024). Las respuestas de la encuesta reflejan estos patrones: la mayoría de las participantes consideró que las mujeres migrantes indocumentadas no están suficientemente protegidas y expresó mayor confianza en las ONG que en las instituciones gubernamentales. El estudio concluye que la inseguridad jurídica es un factor central de vulnerabilidad y sostiene que fortalecer el acceso a mecanismos de protección, separar el apoyo a las víctimas del control migratorio y reforzar políticas sensibles al género son pasos clave para reducir la violencia de género en este contexto.